SOBRE LA ELECCIÓN INTENSAMENTE JUDICIAL

Lic. Eduardo Castillo Cruz

Más allá del síndrome postraumático que para más de uno representó la reforma constitucional en materia judicial del año 2024 y que hoy se vuelve a revivir con el llamado a no votar para evitar legitimar dicha reforma, el tema está en el campo electoral porque la composición de una mayoría legislativa así lo aprobó.

En el ámbito de la práctica política tendría que examinarse si los actores opositores trazaron o no la ruta idónea, tal vez no para detener la inminente aprobación, por esa mayoría, de mandar a votación a los jueces y juezas, pero sí para la negociación del resto de componentes contempladas o no en la iniciativa. Algo así como la presión, diálogo y negociación de reformas electorales que en antaño la oposición de izquierda en México planteaba después de una elección presidencial.

En el ámbito de la práctica judicial valdría la pena hacerse la siguiente pregunta. ¿Si votar a los jueces y jueces no fortalece al poder judicial, con qué acciones se ha buscado democratizar día a día la función judicial? No vaya a ser que la oposición obedezca solo al interés de mantener el estado actual de cosas, corrupción en los procedimientos, estructuras y elites en los poderes judiciales, porque entonces se es parte del problema y no de la solución.

Pero el caso es que hoy la elección judicial se ejecutará con la votación que se reciba este primero de junio de 2025. Para algunos llamar a la desobediencia de votar es un derecho y no constituye delito alguno, ya que cada quien decide si participa o no y que ante la complejidad de la lista de candidatos y candidatas resulta hasta necesario que el votante se auxilie de una guía personal para recordar al momento de votar, siempre y cuando la guía sea resultado de una reflexión personal o colectiva, pero no como parte de un plan o práctica clientelar de grupos y organizaciones que son mercaderes electorales.

Finalmente se tendrá un resultado que validará a los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos. Para algunos estarán políticamente y socialmente legitimados, para otros, la verdadera legitimación será al momento de ejercer su función, al dictar sentencias.

Se especula sobre la apertura de una era, donde el juzgador estará dotado de un poder electoral, comparándolo con los integrantes del Poder Legislativo, pero las funciones son diversas y ahí está el punto.

Los integrantes de la Corte Mexicana siempre han gozado de un poder político, el que ahora tal vez ese poder político mute a poder electoral para temas que se insertan en el debate democrático, no amplía la cobertura al resto de juzgadores, en razón de la naturaleza de su función. Hay una expresión en Oaxaca: un juez metido en política partidista, empieza por perder su toga.

Algo que sí pasará con los jueces y juezas es que después de la elección judicial, los que ganen estarán más expuestos al escrutinio y revisión social de su actuación. Será interesante ver cómo los abogados litigantes asumen su rol social y contribuyen a la democratización del poder judicial que no termina ni empieza con una votación. Al tiempo.

Pero lo más saludable es que, primero, pasada la jornada de votación se examine todo el proceso electoral judicial para determinar las correcciones, ajustes y reformas conducentes.

Segundo, que se vaya evaluando el desempeño de las personas juzgadoras electas por voto una vez que asuman el cargo, para establecer en un futuro inmediato si la elección judicial ayuda o no a la democratización de la función de los órganos impartidores de justicia en México.

Mientras tanto, decidamos libremente ir a votar y por el candidato o candidata que nos genere confianza y que se haya ganado nuestro voto, que no por eso, al día siguiente, cuando vayamos a un juzgado o tribunal por arte de magia habrá cambiado todo.

La ventaja que en Oaxaca tenemos es que entre el 60 y 70 por ciento de los perfiles de las candidaturas cumplen ampliamente con la formación y experiencia jurídica.

NOTA AL MARGEN: El periodo de 60 días de campaña les permitió a algunos candidatos visibilizar tres aspectos de su perfil profesional: conocimiento jurídico, experiencia y ética en su desempeño.

Para quienes han construido una trayectoria auténtica, real y sincera por más de 10 años, no fue complicado hacer visible que están aptos para asumir esa responsabilidad y que entre el desarrollo de su pensamiento y argumentos es posible identificar en la práctica jurídica congruencia con la mención de haber cursado un doctorado o maestría en derecho. El concepto de apertura lo entienden como problemáticas y necesidades sociales a intervenir y no como un maquillado acercamiento electorero.

Los que no ha sido ese su caso, fue notorio ver como, unos y unas, se quedaron inmóviles y solo le prendieron una vela a “San Acordeón”, mientras otros (otras) trataron de ocultar su ser que actúa solo por interés personal y por más que trataron de forrarse de sensibles accesibles, terminaron reducidos a un personaje grotesco.

Finalmente, hay cuatro aspectos que no deben perderse de vista: 1) La gente por primera vez se aproximó a conocer a los candidatos a impartir justicia. 2) Sin poner énfasis en la ayuda de algún acordeón guía, será importante saber el número de votos que obtenga cada uno de los candidatos y candidatas, porque parte de su legitimación electoral deriva de este hecho. 3) Que integrantes de pueblos y comunidades indígenas se han tomado en serio la movilización para tener un representante en la Corte mexicana. 4) Inocultable el nivel de racismo que a flor de piel aún portan diversos sectores sociales, lo que confirma la necesidad de dar seguimiento a tantos años de lucha del movimiento indígena y social para deconstruir estructuras y elites judiciales.

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